En los últimos años la Universidad Surcolombiana ha tenido un papel protagónico en torno al tema de la reforma a la salud. Académicos, estudiantes, egresados y personal de la salud han diagnosticado el actual sistema y han contribuido al pliego de propuestas que pretende reformarlo. Dichos pliegos, desde las regiones, constituyen la base para la reforma que hoy se tramita en el Congreso. Desde La U presenta algunas de estas reflexiones, construidas desde la región Surcolombiana.
Por: Sara Espitia Alonso
Mucho se ha comentado sobre la reforma a la salud. Hay quienes conocieron el sistema de salud antes de la existencia de las EPS, muchos más han conocido el sistema de salud tal como funciona hoy, y otros han formado sus opiniones apoyándolas en inclinaciones ideológicas o informaciones fragmentadas. Con el ánimo de poner el tema sobre la mesa, y cual cirujano diseccionarlo para identificar los órganos averiados y comprenderlos en detalle, los médicos, estudiantes, egresados entre otros actores del sector salud han debatido el tema y han hecho propuestas de cara a una salud de calidad, acorde a las necesidades de la región. En tal sentido, compartimos las reflexiones de algunos de estos actores, con el ánimo de dar luces a los lectores sobre la reforma que actualmente se tramita en el Congreso.
Precisamente uno de los aspectos debatidos en foros y mesas de trabajo del sector salud en el Huila, resaltaba la necesidad de un sistema de salud situado, es decir acorde a las necesidades y condiciones del entorno. Al respecto la concejala Lourdes Mateus, representante del Polo Democrático, enfermera, abogada, y egresada de la USCO, aclara que una característica de la reforma es que se tendrá en cuenta datos estadísticos que permitan identificar cuáles enfermedades o virus transitan y afectan más a determinada región, cuáles son sus factores climáticos, calidad del aire, fronterizos, etc. Como dichas afecciones varían, también los recursos y las estrategias de acción tendrán particularidades. Esta constituye una primera diferencia entre cómo funciona actualmente el sistema y cómo se está planteando en la reforma.
Actualmente, desde el Ministerio de Salud, a nivel nacional, se definen las líneas de detención de enfermedades. La reforma plantea autonomía a los territorios para definir caminos hacia el tratamiento y prevención de enfermedades concretas y así poder destinar recursos específicos para los principales problemas de salud que están afectado a sus poblaciones.
A continuación, se exponen cuatro de los componentes más diferenciales de la reforma:
Intermediación financiera. Esto quiere decir que entre el dinero recaudado para salud y su ejecución desaparecería un intermediario, figura administrativa cuyo rol lo han desempeñado las EPS (Entidades Prestadoras de Salud). Aquí es importante la figura de ADRES (Administradora de los Recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud), empresa industrial y comercial del Estado. Esta empresa es la responsable de realizar los giros a las EPS que a su vez administran el dinero entre las IPS (Instituciones Prestadoras de servicios de Salud). En términos generales, la reforma propone eliminar esta intermediación administrativa financiera para que la ADRES gire los dineros de la salud directamente a las IPS y deje de pagar esa especie de “peaje”.
Cambio de modelo. Hacia la intervención primaria preventiva, pues la reforma obligaría a que exista, por medio de los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud), un direccionamiento tanto de recursos como de fuerza profesional hacia la prevención y tratamiento primario. Estas entidades también generarían una mayor cobertura, o mejor, una cobertura real, ya que independientemente de la región, el sistema de información unificado permitiría la atención al ciudadano en cualquier lugar del país. Con las EPS, la cobertura puede ser un tanto engañosa porque a pesar de estar afiliados a una EPS no siempre es posible acceder a sus servicios, pues su cobertura no es nacional.
Dignificación laboral. La reforma busca generar mejores condiciones laborales para el personal que trabaja en los servicios de salud; en este sentido, ofrecerles contrato a termino indefinido con todas las prestaciones sociales, y así brindarles mayor estabilidad.
Fortalecimiento de las bases de datos. En la búsqueda de la implementación de un sistema de salud “unificado” se plantea el acceso a las historias clínicas en cualquier IPS del país, factor determinante para la agilidad de los procedimientos médicos.
Sector salud diagnostica el sistema actual
En los dos últimos años han sido varios los encuentros que el sector salud ha propiciado para diagnosticar el sistema de salud y proponer estrategias para reformarlo. Recientemente la Universidad Surcolombiana organizó el foro “Sobre el derecho a la salud: tensiones en el proceso de reforma”, realizado en el auditorio Amparo Páramo Hernández en la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Institución. Allí, participaron los panelistas: Claudia Beatriz Naranjo, Coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia; Diego Fernando Gonzáles, secretario del Colegio Médico del Huila; y Dolly Arias Torres, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USCO.
Se comentaron varios aspectos en relación a las falencias del sistema actual, por ejemplo, que la ley 100 hubiera pasado la administración de los recursos públicos de la salud a empresas mixtas (público-privadas) o privadas. En este punto aparece un problema, también comentado por la concejala Lourdes Mateus, pues a razón de que las EPS tienen un carácter privado se dificulta el seguimiento de la administración de recursos públicos; una vez que son aprobadas y la ADRES gira el dinero, no es fácil ejercer veeduría.
La doctora Dorys Arias Torrez se refirió a los antecedentes del sistema actual, pues, antes de la ley 100, la salud era administrada por el Estado, pero con esta ley, la salud se asumió como un negocio: “El estado perdió todo poder regulador con la ley 100. La salud se convirtió en una mercancía cuando las EPS, los dueños del mayor capital, impusieron las condiciones en las que se prestarían los servicios y en las que se vincularía al personal de la salud”, destacó la académica. Los valores de cotización aumentaron y se crearon otros pagos como la cuota moderadora. Según Arias, fue tanto el dinero recaudado por salud que se llegó a invertir en campañas políticas y en equipos de futbol.
Esta reforma propone que los cambios anteriormente mencionados estén acompañados por una vigilancia y control de la ejecución de los procesos. Para esto se formula que, en un primer momento, y para aprovechar la experiencia que tiene el sector, las EPS ejerzan un acompañamiento monitoreando tales procesos; que produzcan evaluaciones que sirvan como insumos para la Superintendencia de Salud en su función reguladora y sancionatoria, entre otras funciones.
Así va el proceso de la reforma
El pasado jueves 11 de mayo, con el ingreso del nuevo ministro de salud Guillermo Jaramillo, se realizaron modificaciones a la reforma luego de polémicos desencuentros entre el Gobierno actual y los partidos Conservador, Liberal y de la U. En aras de continuar con el proceso de la reforma, se creó una Subcomisión para ordenar, clarificar y consensuar los artículos y entregar la negociación a los congresistas del partido de la U. Jaramillo declaró: “esta no es la reforma de Petro y no es la reforma de Corcho”. Además, insistió en que será una reforma mixta que incorpore el sector público y sector privado.
El informe de la subcomisión despejó dudas del trámite de la reforma y los representantes liberales Germán Rozzo y Héctor Chaparro pudieron intervenir en la reformulación de los artículos. Asimismo, el partido de la U confirmó su cambio de postura, ya que se aprobaron 15 propuestas de su articulado.
Entre las propuestas más significativas está la metamorfosis de las EPS a Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSVIS). Las EPS tendrán un plazo de dos años para realizar la transición, la cual exige determinados requisitos. Las EGSVIS tendrán bajo su dirección a los centros de atención primaria (CAPS), y los servicios de media y alta complejidad, es decir, se avaló que las Entidades Gestoras puedan operar como auditoras del sistema de salud, donde la ADRES les realice una contratación y pago específico por esta tarea.
Algo de historia (RECUADRO)
Ahora, para quienes no han conocido otra realidad del sistema de salud, más que la actual, hagamos un pequeño repaso: el sistema de salud en Colombia antes de 1990, antes de la ley 100, operaba con un esquema de seguridad social en donde se encontraban los trabajadores del sector público con las cajas de prevención, y los del sector privado con el Instituto de Seguridad Social (ISS). Existían las Cajas de Compensación Familiar, que atendían a las familias de trabajadores del sector privado, en un primer momento, pero que después incluyeron a las del sector público. Esto con tarifas subsidiadas a la demanda de servicios de salud. Los colombianos, en general, podían acudir al sistema nacional de salud, con accesibilidad restringida. Este servicio se prestaba en los hospitales públicos. Para la población de bajos recursos la accesibilidad era precaria, el acceso a medicamentos y la cobertura no alcanzaba a la totalidad del territorio nacional. Los hospitales que no lograban atender a los pacientes simplemente no lo hacían y la población no tenía recursos jurídicos para exigir el derecho a la salud. Según el DANE “para 1993 la cobertura en salud solo llegaba a un 24 % de la población y presentaba una gran inequidad. Mientras que el 47 % del quintil más rico estaba cubierto, este porcentaje caía a sólo 4,3% para la población más vulnerable”.
De este panorama surgen dudas y miedos en relación a lo que se mejoró con la ley 100 y a lo que empeoró; miedos a que los recursos sean consumidos por la corrupción, a que la desigualdad en acceso a la salud aumente, o a que la calidad disminuya. Sin embargo, es posible la resignificación de la salud, sobre todo en la necesidad de incluir cada vez más a toda la población de forma real.
