• 74 comparecientes de la fuerza pública aceptaron su responsabilidad en delitos contra la población civil de algunos municipios del Huila.
• Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008. Se perpetraron 200 asesinatos, 32 casos de desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.
Periódico Desde La U
La región del Huila, en Colombia, ha sido escenario de una dolorosa realidad en la que el Estado ha jugado un papel oscuro a través de la práctica de los falsos positivos. Esta práctica, que emergió como una estrategia para mostrar éxitos en la lucha contra insurgentes, ha dejado una profunda herida en la sociedad colombiana. Las confesiones recientes de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han arrojado luz sobre la magnitud y la sistematicidad de estos crímenes, revelando una verdad incómoda sobre la colaboración del Estado en el asesinato de civiles inocentes.
En este sentido, se adelantó la convocatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para participar en la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad de 74 comparecientes de la Fuerza Pública en hechos criminales contra la población civil de algunos municipios del Huila, la audiencia se realizó entre el 8 y 10 de agosto en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva.
Entre ellos, participaron 28 máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales ya aceptaron por escrito su responsabilidad.
En sus reconocimientos de hecho “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, aceptaron su responsabilidad individual y reconocieron “su participación en calidad de máximos responsables”.
Entre ellos estuvieron Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), así como Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), adscrita a la IX Brigada. Además de estos tres tenientes coroneles, todos los oficiales que integraron la plana mayor del BIPIG aceptaron responsabilidad, así como tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG).
Se trata de los tenientes coroneles: Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Carlos Yair Salamanca Robles.
Estos militares le contaron al país cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila.
Los delitos imputados a estos comparecientes de la Fuerza Pública fueron: asesinatos, desapariciones forzadas y tentativas de homicidio.
Las familias de las víctimas han tenido que enfrentar la pérdida de seres queridos y el estigma asociado con las acusaciones de subversión.
Subcaso Huila del Caso 03
Este proceso se da en el marco del subcaso Huila del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Y es que el 20 de noviembre de 2021 la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas -SRVR- de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- profirió el Auto 081 de 2023 –Subcaso Huila- mediante el cual se determinaron los hechos y conductas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate atribuibles a miembros del Ejército Nacional que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas –AFEUR- No. 11, al Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena” y a la Novena Brigada del Ejército Nacional entre los años 2005 y 2008 en este departamento.
“Impactantes los relatos del momento en que ustedes cuentan cómo se perdió ese camino, pero más impactante es que haya habido abrazos por parte de las víctimas para perdonar a quienes una vez esgrimieron un arma contra sus padres, madres, hijos y familiares… Solo se construye cuando se entiende, se respeta y se tiene empatía por el otro, y sobre todo pensando en que todos somos hijos de una misma tierra como lo es Colombia”, indicó Ángela María Buitrago, ministra de Justicia al terminar los testimonios de los comparecientes.
Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, estuvo presente en la audiencia y escuchó los testimonios de los comparecientes.
La alta funcionaria resaltó la importancia del acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho a este tipo de espacios, en los que se puede hacer una evaluación de los avances y resultados que tiene el país en materia de justicia transicional en el marco del Acuerdo de Paz, y se puedan tener elementos y argumentos para la formulación de políticas públicas en la materia.
La ministra de Justicia también le hizo un reconocimiento a la JEP por su labor y los resultados de la justicia transicional en casos que antes no se habían esclarecido desde hace muchos años.
“Sin la JEP seguiríamos sin saber y no habrían contado muchas de las cosas que se han dicho acá. Es claro que la estigmatización, que el encubrimiento, la vulnerabilidad han hecho evidenciar que no solamente los actores de la fuerza pública, que han acudido aquí, participaron y contaron la verdad, son los ríos, las fosas, las bajas, los engaños y los encubrimientos, algo que sirve para reflexionar sobre esta Colombia herida, en donde debemos pensar en potenciar la seguridad humana” exaltó la funcionaria, agradeciendo a la JEP por su valioso rol dinamizador en todo este proceso.
Víctimas y victimarios
A la audiencia se presentaron los comparecientes ante la justicia, las 140 víctimas acreditadas y el país para reconocer su participación en crímenes en contra de la población civil, refiriéndose a 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, en los que se perpetraron 200 asesinatos, 32 casos de desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.
Este encuentro entre víctimas y comparecientes, promovido por la JEP y sus magistraturas, además de ser complemento y resultado de una investigación judicial, también contempla un componente simbólico que busca aportar al proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el contexto de la justicia transicional derivada del conflicto armado colombiano.
Por escrito, 30 de los 35 imputados en el Subcaso Huila – Caso 03, aceptaron los crímenes documentados por la Sala de Reconocimiento entre 2005 y 2008.
Contexto histórico y desarrollo de los Falsos Positivos
El fenómeno de los falsos positivos en Colombia se refiere a la práctica de presentar a civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para inflar los números de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esta estrategia, que tuvo su auge entre 2005 y 2008, se implementó principalmente en el contexto del conflicto armado colombiano y la presión para obtener resultados rápidos en la guerra contra las FARC y otros grupos armados ilegales.
En el Huila, los falsos positivos se convirtieron en una práctica extendida y sistemática. Los informes y testimonios han documentado cómo, bajo el pretexto de operaciones militares legítimas, se ejecutó a personas inocentes y se les presentó como enemigos abatidos en combate.
Los uniformados aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.
Las Confesiones ante la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha jugado un papel crucial en el proceso de verdad y justicia relacionado con el conflicto armado colombiano. La JEP se estableció como parte del acuerdo de paz con las FARC para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto.
Recientemente, varios exmilitares han comenzado a confesar ante la JEP su participación en los falsos positivos en el Huila. Estas confesiones han revelado no solo la existencia de estos crímenes, sino también su carácter sistemático y organizado. Los testimonios indican que las órdenes para cometer estos crímenes provenían de altos mandos militares, lo que sugiere una práctica de Estado, en la que los falsos positivos no eran actos aislados, sino parte de una estrategia más amplia.
Uno de los aspectos más preocupantes de estas confesiones es la revelación de la existencia de un sistema de incentivos y presiones para que los soldados y oficiales presentaran “resultados” en su lucha contra la insurgencia. Estos incentivos a menudo incluían recompensas monetarias, ascensos y reconocimiento, mientras que la falta de resultados significativos se traducía en sanciones y descalificaciones.
Ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, 30 integrantes del Ejército Nacional, que operaron en Huila entre 2005 y 2008, aceptaron haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados.
Impacto en la comunidad y el proceso de justicia
El impacto de los falsos positivos en las comunidades del Huila ha sido devastador. Las familias de las víctimas han tenido que enfrentar la pérdida de seres queridos y el estigma asociado con las acusaciones de subversión. Además, la desconfianza en las instituciones del Estado se ha profundizado, exacerbando la crisis de legitimidad y justicia en la región.
El proceso de justicia liderado por la JEP ha sido un paso importante para abordar estos crímenes, pero también enfrenta desafíos significativos. La necesidad de garantizar la reparación integral a las víctimas, la verdad completa sobre los responsables y la implementación efectiva de medidas de no repetición son aspectos cruciales que deben abordarse para restaurar la confianza y avanzar hacia una paz duradera.
Conclusión
La revelación de los falsos positivos en el Huila y las confesiones de militares ante la JEP subrayan una trágica faceta del conflicto colombiano. Estos crímenes no solo reflejan la brutalidad de la guerra, sino también la profunda corrupción y deshumanización que puede surgir cuando la justicia es distorsionada por la lógica del conflicto. Enfrentar esta realidad es esencial para la reconciliación y la construcción de una sociedad en la que se respeten los derechos humanos y se valore la dignidad de todas las personas. La JEP, al arrojar luz sobre estos crímenes, ofrece una oportunidad para el reconocimiento de la verdad y la búsqueda de justicia, fundamentales para sanar las heridas y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.
