Una sentencia del Consejo de Estado, y un decreto del Gobierno Nacional, conminan a las directivas de universidades del país a proteger y responder por la seguridad de sus docentes y estudiantes.
Periódico Desde La U
El 30 de abril de 1998 fue asesinado el profesor Rafael Caldas Zárate dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia por robarle un computador personal. Para la época de los hechos, el alma mater había adoptado la política de ‘puertas abiertas’.
El docente se encontraba en su oficina cuando unos jóvenes ingresaron para hurtarle su computador, la víctima opuso resistencia y salió detrás de los delincuentes, quienes le dispararon con arma de fuego para posteriormente huir del lugar. El profesor, quien fue trasladado a un hospital, murió por la gravedad de las heridas.
Este hecho no se ha esclarecido en la justicia ordinaria y por ahora la Fiscalía se encuentra buscando la unidad que adelanta las investigaciones. Sin embargo, 26 años después la jurisdicción contencioso-administrativa ya dio resultados a través del Consejo de Estado que condenó a la Nación por omisión, específicamente a la Universidad de Antioquia.
La demanda fue interpuesta el 28 de febrero de 2000 por la esposa del profesor Caldas Zárate, Luz María Rivera Sampedro, en nombre propio y en representación de sus hijos María Paula y Sebastián Caldas Rivera, argumentando entre otros aspectos, que no hubo un control ni medidas de seguridad de la universidad pese a que ya se habían presentado otros actos delictivos durante la época de la política de ‘puertas abiertas’.
“Para evitar que le hurtaran su computador, el profesor persiguió a los agresores y estos le causaron la muerte mediante disparos hechos con arma de fuego. Según los demandantes, estos hechos ocurrieron porque la Universidad no brindó las medidas de seguridad dentro del centro educativo, y no realizó controles adecuados al personal que ingresa a la institución”, señala el Consejo de Estado en el fallo que condena a la Universidad de Antioquia.
Problema complejo
Precisamente, uno de los problemas complejos que en la actualidad aqueja al conjunto de las Universidades del país, es el de la seguridad al interior de los campus y es por ello que la “política de puertas abiertas” ha sido reevaluada al interior de la Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta los riesgos de seguridad que tienen docentes, administrativos y estudiantes.
Y es que, desde algunos sectores radicales, se ha vendido la idea que el ejercicio de la autoridad y la contención de la violencia son formas de violar la autonomía universitaria, o intenciones veladas de criminalizar la justa protesta.
Bajo esta interpretación, en la mayoría de los campus universitarios de Colombia, incluso en el de la Universidad Surcolombiana, se hace difícil la prevención y el control de variados hechos delictuales, tales como: venta de estupefacientes, fabricación de explosivos, uso de explosivos, atracos y agresiones a miembros de la comunidad dentro del campus y en sus alrededores.
En este contexto, y retomando el caso del docente Rafael Caldas Zárate y la posterior condena del Consejo de Estado, a través de la cual se e declaró responsable a la universidad por la muerte del docente en un atraco dentro del campus, surgen preguntas como, por ejemplo: ¿Existe responsabilidad patrimonial de la Universidad por someter al profesor a un riesgo excepcional en su labor docente? ¿Procede la acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño?
La decisión del Consejo de Estado, determinó que la Universidad de Antioquia, fuera declarada responsable por no implementar medidas de seguridad adecuadas, lo que resultó en la muerte del profesor; de igual forma, se estableció que universidad, debía compensar a los familiares del profesor por los daños materiales sufridos, descontando los pagos recibidos de la ARL para evitar la doble compensación y a su vez, estableció que se reconocieron daños morales a los familiares de la víctima, considerando el sufrimiento y la pérdida emocional causada por la muerte del profesor.
La sentencia subraya la importancia de las medidas de seguridad en instituciones educativas y estableció un precedente en cuanto a la responsabilidad de las universidades en la protección de sus empleados.
Más seguridad
En este contexto, y ante algunos hechos delictivos presentados al interior de la Universidad Surcolombiana y acatando el pedido de la comunidad que ha reclamado más seguridad, es que la universidad ha adoptado medidas como implementación de carnet y los llamados molinetes de seguridad para restringir el acceso a sus instalaciones.
“Aquí, hemos escuchado voces que niegan el uso de dichos mecanismos o la legitimidad de la presencia de la fuerza pública, arguyendo que los campus gozan de una pretendida extraterritorialidad, que violan su autonomía universitaria” indicó Eduardo Bautista, Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana.
Molinetes de seguridad
Ante algunos hechos que se han presentado al interior del campus, la Universidad Surcolombiana, buscando la mejora continua y bienestar de cada uno de los integrantes; ha venido realizando un proceso mancomunado para garantizar la seguridad de todos. De esta forma, hoy, se cuenta con 10 molinetes de seguridad y uno para personas con discapacidad o en condición de movilidad reducida.
El proceso de implementación de dicha medida en pro de la seguridad de profesores, administrativos y estudiantes, fue avalado ante el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del pasado 19 de mayo de 2022, donde según el Acuerdo No. 013 de la misma fecha, se aprobaron los proyectos de Planes de Fomento a la Calidad de la Universidad Surcolombiana para el año 2022. Allí, se avaló y dio visto bueno para que en la institución invirtieran recursos en la instalación de un sistema de control de acceso a través de la adquisición de molinetes
De acuerdo con lo anterior, la Universidad Surcolombiana decidió llevar a cabo la implementación de un sistema de control de acceso para todas las personas que quieran acceder al campus universitario en su sede central. Por lo tanto, la implementación del sistema de acceso tiene los siguientes objetivos:
• Reducir el tiempo del flujo de ingreso de alumnos a las Sedes de la Universidad.
• Definir controles de seguridad y/o restricciones de acceso para el alumnado
• Garantizar la seguridad de los diferentes estudiantes, empleados, trabajadores oficiales, profesores, graduados y contratistas de la universidad.
• Generar reportes y/o gráficos estadísticos de la cantidad de alumnos asistentes.
• Comparar los diferentes sistemas de control de acceso disponibles en el mercado evidenciando por qué el basado en carnés con Chips es el más apropiado para su implantación en la institución.
La adquisición anteriormente descrita, ayudará en gran medida a solucionar el tema de la seguridad del Alma Mater, para así mejorar el sistema y garantizar mayor confianza en cuanto a la seguridad de toda la comunidad que hace parte de la institución.
El Vicerrector Administrativo de la USCO, Eduardo Bautista Oviedo, explicó que este sistema no se ha instalado únicamente en esta universidad, sino, en otras partes del país, principalmente para tener un control en el acceso a las instalaciones y para garantizar a toda la comunidad universitaria seguridad y bienestar en su interior.
De igual forma, el coordinador de la Oficina de Carnetización e Ingreso de la USCO, Edwin Castillo Liévano, explicó que la universidad ya había utilizado un sistema similar, y ahora se ha retomado con mayor fuerza teniendo en cuenta el aumento de los índices de inseguridad en todo el territorio colombiano.
