
El pasado 19 de mayo la comunidad estudiantil del Colegio Nacional Santa Librada, con el apoyo de padres de familia y profesores, convocaron a una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre la problemática que enfrentan: pésimas condiciones en la planta física de la Institución (el bloque C cerrado desde el año 2019, el A funciona parcialmente, el restaurante en pésimas condiciones, la piscina también cerrada desde hace años, la sala de profesores en completo deterioro, al igual que otras instalaciones del Colegio.
Tres días antes, el martes 16 de mayo, realizaron una movilización por las calles de la ciudad y se declararon en paro. La movilización llegó hasta la Secretaría de Educación, en las Instalaciones de la Alcaldía de Neiva; allí, entregaron un pliego de peticiones a la Secretaria de Educación, Cecilia Losada de Fierro, documento que la funcionaria no quiso recibir porque no estaba radicado. En dicha reunión también hizo presencia la personera del colegio, Charol Daniela Herrera, quien previamente hizo un llamado al gobierno nacional y local: “tuvimos que cerrar varios salones porque se están cayendo, no tenemos piscina, la sala de profesores está dañada, muchos estudiantes se están yendo del colegio; algunos cursos, como el de los niños pequeños, están viendo clases en un quiosco”.

El compromiso de la Secretaría de Educación fue que en 15 días desembolsarían los recursos faltantes para terminar las adecuaciones de los bloques A y B; en cuento al bloque C, si bien la comunidad libraduna sigue a la espera de los recursos del Fondo de los Embajadores de los Estados Unidos (en proceso de trámite por parte de la Oficina de Internacionalización), la Secretaría se comprometió a enviar un arquitecto para que realice un peritaje en dicho bloque y se determine un costo aproximado.
Durante la rueda de prensa del pasado viernes, a la que asistió muy pocos medios de comunicación, los estudiantes manifestaron su decisión de seguir en paro y de exigirle a la administración municipal una pronta solución a su problemática, la cual es producto de un abandono estatal de por lo menos dos décadas.
