Por: Nórida Andrade Ortiz
Luciana es una mujer trans. En uno de sus primeros trabajos, en el que tenía la posibilidad de contar con un contrato laboral, le pidieron que renunciara al proceso de formalización de su identidad de género para poder ser contratada. Daiyan Salcedo, quien contaba con una hoja de vida impecable, no logró ni una vacante laboral en restaurantes o bares por ser una mujer abiertamente trans no binarie. En la actualidad son muchas las mujeres, como Luciana y Daiyan, que han enfrentado hechos de discriminación con base en su identidad o expresión de género.
En Latinoamérica, tener una identidad de género o sexualidad no normativa puede ser motivo para enfrentar situaciones de violencia y discriminación en distintos escenarios: el sistema educativo, el de salud, el ámbito político, el espacio social, la justicia, el campo laboral… Estas circunstancias agravan la situación de extrema vulnerabilidad de los diferentes sectores de la población LGBTIQ+, poniendo en riesgo su integridad y el acceso a derechos fundamentales.
En la región, existe un panorama de violencia generalizada hacia la población sexualmente diversa. En el boletín publicado en el presente año por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el cual recoge las cifras de violencia y vulneración de derechos que se registraron entre los años 2021 y 2022 en Colombia hacia la población LGBTIQ+, se da cuenta de un total de 3624 víctimas de amenazas, 1725 víctimas de discriminación, 350 víctimas de homicidio y feminicidio, y 207 de casos de violencia policial. Estas cifras demuestran un panorama generalizado de violencia que varía y se acentúa, según la población a la que se pertenezca, siendo las personas trans una de las más afectadas.
Ser, existir y sobrevivir
Las identidades o expresiones de género no normativas pueden agruparse y enunciarse como población trans. Este es un término general que envuelve y describe el proceso de autorreconocimiento de las personas que no se asocian con el sexo que se les fue asignado al nacer. Existe la posibilidad de ser e identificarse dentro del binarismo de género: hombre (masculino) y mujer (femenino). O bien, como una persona de género no binarie. Vale agregar que estas experiencias se enmarcan en un proceso que puede incluir, o no, el uso de hormonas, la intervención quirúrgica para la reasignación de sexo y las modificaciones corporales.
Las personas trans, dentro de la población LGBTIQ+, se encuentran sometidas a un mayor índice de vulnerabilidad, padeciendo altos niveles de exclusión, estigma y prejuicio social. Existe un sinnúmero de situaciones y barreras para su acceso a derechos fundamentales; una de estas es la expulsión de sus hogares a temprana edad tras asumir públicamente su identidad de género; este evento suele conllevar a la deserción escolar, según el informe regional de RECLACTRANS “Esperando la muerte. 2016 -2017”. Solo el 25% de las personas trans pueden concluir sus estudios secundarios en la región latinoamericana y del Caribe.
Daiyan Salcedo, mujer trans, estudiante de la Universidad Surcolombiana, artista drag queen y líder activista del sector poblacional LGBTIQ+ de la ciudad de Neiva, afirma frente a esta situación: “el contexto educativo es horroroso, hay personas a las que les da miedo salir del closet y claro, es entendible; cuando yo tuve dicha experiencia, la institución educativa donde estudié tomó acciones con las que sentí vulnerados mis derechos, acciones muy radicales como por ejemplo de contarle a mi mamá”.
Debido a la situación de extrema pobreza a la que se ven sometidas mayormente las personas trans tras la expulsión o el abandono del hogar y al verse expuestas a situaciones habitacionales precarias, y sin red de soporte familiar, el afán de procurarse un sustento de supervivencia lleva a la población trans a ingresar a circuitos de prostitución infantil que se extienden durante un periodo indefinido en sus vidas. Este entorno laboral y social les expone a la marginalidad, la violencia, la estigmatización y las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia, y sumado a las dificultades de acceso al sistema de salud, el promedio de vida de las mujeres trans en Latinoamérica hoy se ubica entre los 35.5 y los 41.2 años, según informe de Naciones Unidas.
Los diferentes factores de exclusión y discriminación a los que se enfrenta la población trans en el campo laboral limitan la posibilidad de acceso a un empleo digno y formal. Este grupo poblacional lucha con las formas más severas de discriminación laboral, siendo un factor desencadenante que pone en marcha un ciclo sin fin de pobreza continua. Según cifras del Centro Nacional de Consultoría, solo 4 de cada 100 personas trans cuentan con un contrato laboral en Colombia.
Aunque la falta de calificación educativa es un obstáculo frecuente en el acceso al mundo laboral por parte de la población trans, se hace necesario añadir que incluso cuando se tiene la formación necesaria, la estigmatización en contra de las identidades no normativas afecta sus posibilidades de lograr una contratación formal, o bien posteriormente un ascenso. Ese prejuicio suele, además, darse entre quienes comparten el espacio laboral, lo cual puede a su vez deteriorar vínculos, generar estados de ansiedad y afectar el rendimiento. Adicionalmente, la asistencia y el desempeño laboral se ve disminuido cuando la persona es víctima de una agresión o algún acto transfóbico.
Entre la peluquería y la prostitución
“Yo traté de buscar trabajo, no me lo dieron, así fuera en un verraco restaurante o algo sencillo. No me dieron la oportunidad, pese a que yo tengo una hoja de vida impecable, entonces pues me tocó recurrir a lo que normalmente una mujer trans hace: el modelaje webcam”.
Así como lo expresa Daiyan, las posibilidades de contratación son mínimas. Esta situación las empuja a buscar escenarios laborales que al menos les garantice su supervivencia, siendo los más comunes el campo de la estética, la prostitución y el modelaje webcam. “Digamos que en el mundo de las mujeres trans, si tú no eres una estilista, eres una prostituta, si no eres una prostituta, eres una modelo webcam”.
Los rechazos o negativas en los procesos de contratación, con base en la identidad de género de quien solicita empleo, se dan de formas discretas y evidentes, según afirmaciones realizadas por las mujeres entrevistadas. Es el caso de la empresa Global Sales Solutions (GSS), contra la que la activista por los derechos de la población trans de la ciudad de Neiva, Luciana Avendaño, adelanta un proceso penal de denuncia por discriminación, daños y perjuicios y violación del derecho al trabajo.
Los hechos ocurrieron a inicios del presente año. Se dio un proceso de contratación; sin embargo, este se detuvo en el momento en el que la empresa advirtió el proceso de cambio de nombre en los documentos personales de Luciana. El Gerente de Atracción del Talento Humano, Jhon Parra, a través de llamadas reiteradas, le aseguró a Luciana que contratarla es “un complique”, que es necesario sacarla de la empresa y reintegrarla; sin embargo, por políticas de la organización, un reintegro es imposible. En las llamadas realizadas también se le pide renunciar por escrito a su intención de cambio de nombre para ser contratada bajo dichos términos. La activista, dadas las necesidades económicas que enfrentaba en la ciudad capital, accede. Sin embargo, momentos después le comunican que no la pueden contratar.
Todo este proceso de rechazo y discriminación se da después de pasar pruebas, capacitaciones y exámenes médicos, también después de que su currículo ha sido aprobado y considerado apto para la realización de las labores a desempeñar. Muchos casos de rechazo en el proceso de contratación se dan de formas similares: lxs aspirantes superan las diferentes etapas del proceso, pero al llegar a entrevistas o a momentos en los que se hace evidente su identidad o expresión de género, surge el rechazo. En procesos informales de contratación como en restaurantes o bares, la negativa es instantánea pero fácilmente asociada con actos de discriminación.
Daiyan relata su experiencia: “una vez en una discoteca de Neiva estaban necesitando meseras para nocturno, por la circunvalar, no me acuerdo del nombre del sitio. Yo hice la postulación por Facebook y me dijeron: ¡Ay!, pero tú eres una chica trans! Yo les dije: sí, pero están necesitando mujeres. Luego les dije que tenía mi hoja de vida y que si querían se las mandaba. Pero me dejaban en visto, luego me dijeron, No, es que ya tenemos personal, pero pues obvio era una mentira, la publicidad seguía. Me dijeron que sí y a los 10 minutos me dicen que no; es obvio el rechazo que le tienen a alguien con las características físicas o identitarias que tiene una persona como yo”.
En la actualidad existen en Colombia numerosas instituciones encargadas de velar por la protección, el cumplimiento y la realización de los Derechos Humanos. Para el caso de la población trans, y en general para la comunidad LGBTIQ+, se desarrollan políticas públicas en las diferentes regiones que buscan atender sus necesidades; así mismo, como es el caso de la Ley Integral Trans, existen proyectos de ley que procuran el bienestar y vida digna de sectores en particular. Al momento de redactar este texto, la representatividad en el marco institucional de la ciudad de Neiva no recoge las realidades de la comunidad y se afronta un debilitamiento en los procesos.
“Digamos que ni el alcalde, ni los administrativos, ni el programa de diversidades sexuales que hay ahora saben realmente qué se necesita aquí en la ciudad. Damos un ejemplo con Gillo Cante, que se supone que es el jefe del programa, pero ni siquiera sabe qué es la política pública, ni siquiera ha echado un vistazo”, afirma Daiyan.
Frente a la implementación de la política pública en la ciudad, Luciana afirma: “Se supone que a cada administración le corresponde el 33% de la implementación de esa política pública que está proyectada hasta el 2031, pero esta administración municipal que está saliendo no dejó implementado ni siquiera el 15%; hasta el 2022 estaba implementado el 9%, no había nada. No habían inyectado recursos en ninguno de los puntos que tiene esta política pública: sector educación, salud, apropiación del territorio y participación política”.
“Para lograr un impacto cultural y para que este tipo de cosas se den, es necesario apostarle al fortalecimiento de un sistema de información estadístico en la ciudad que permita identificar las necesidades y las afectaciones del sector LGBTIQ. Se hace pertinente hablar de un componente de Ciudadanía, Participación Política y Paz que incida en la apropiación del territorio, así mismo invertir en educación, cultura y salud y, sobre todo, garantizar el acceso al trabajo”, resalta Luciana y agrega que la atención e inversión estatal son vitales para transformar las realidades de las poblaciones vulnerables.
“Las mujeres trans nunca han sido cuidadas y apoyadas en esta ciudad. En lo único que invierte la Alcaldía es en el mes del Orgullo LGBTIQ+, y eso que la plata no es mucha”, afirma Daiyan. Las instituciones municipales no han sido garantes de los derechos de la población trans, por lo que se hace necesario reafirmar esta exigencia a la Alcaldía de Neiva, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno, la Oficina de Paz y Derechos Humanos y a la Casa de Participación Ciudadana.
