Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal – SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, ha propuesto, como directivo del sector, desde hace años, que se reformen los artículos 86 y 87 de esa ley y reemplazar el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) para asegurar la sostenibilidad de la educación superior pública. Aunque el Gobierno apoya la reforma y el SUE solicita la modificación de solo estos dos artículos, todo depende del Congreso de la República. Entrevista especial con el directivo en Desde la U.
¿Es la Ley 30 de 1992 el principal factor detrás del desfinanciamiento de las IES?
La educación superior en Colombia está regida por una ley que es la Ley 30 de 1992, es decir, una Ley que tiene 32 años de existencia y, por supuesto, en materia de financiamiento, cuando se hizo, en sus artículos 86 y 87, se estableció un mecanismo a través de un indicador en la forma como el Estado le transfiere año a año los recursos a las universidades públicas. Ese indicador de transferencia se llama IPC – Índice de Precios al Consumidor.
Resulta que las universidades públicas hemos crecido por encima de lo que la Nación nos transfiere año a año. Es decir, este indicador que tienen los artículos 86 y 87 se quedó insuficiente para responder al crecimiento que en los últimos 32 años hemos tenido las universidades públicas.
Un ejemplo: en 1993 existían en Colombia 32 universidades públicas y teníamos matriculados 150.000 estudiantes; 30 años después teníamos 560.000. ¿Qué significó pasar de 150 mil a 650 mil? Es decir, incrementamos 500 mil nuevos cupos en 30 años: más profesores, mejor infraestructura física, bienestar universitario, la investigación, lo que tiene que ver con la internacionalización, los procesos de acreditación de programas, los procesos de acreditación institucional.
Eso condujo a que la universidad pública generara recursos propios. Por ello, hoy el 50% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia son propios; los generamos a través de la venta de servicios como matrículas de pregrado, posgrado; los seminarios, los cursos, los diplomados, las consultorías, las interventorías, los centros, los institutos de investigación… para poder suplir las necesidades de funcionamiento que nos permitan seguir prestando el servicio educativo con los estándares de calidad que hoy ofertamos las universidades públicas. Ese es el desfinanciamiento.
¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Les estamos diciendo: cambien ese indicador, que es el IPC, por uno nuevo, que sería el ICES, Índice de los Costos de la Educación Superior, que establece el DANE año a año, y que ese nuevo indicador contenga cuatro variables que no contiene el IPC y que nos pesan en el funcionamiento: vinculación de profesores de planta, vinculación de profesores administrativos, personal administrativo, lo que tiene que ver con el (Decreto) 1279, que es la producción científica de los profesores -que la tienen que asumir las universidades con recursos propios-, la ampliación de cobertura.
Esas cuatro variables hoy no son financiadas en el actual indicador de financiamiento. Por ello, la iniciativa que hemos venido planteando en los últimos años, desde el Sistema Universitario Estatal – SUE, es precisamente eso. Y el SUE construyó ese nuevo modelo, el ICE, y ya se radicó en la Comisión Sexta del Senado de la República la reforma de los artículos 86 y 87, que debe hacer trámite en esta y en la próxima legislatura, para que ese modelo de financiamiento que ha condenado a la universidad pública a un desfinanciamiento estructural, pueda ser corregido y transformado por un nuevo indicador.
¿Cuáles son las consecuencias más visibles del desfinanciamiento en las universidades públicas, tanto en términos de infraestructura como de calidad educativa?
En materia de infraestructura, el envejecimiento de nuestros campus universitarios. Hemos tenido un deterioro. Las universidades públicas no recibimos recursos para inversión en infraestructura física. Eso ha llevado a que nuestros campus universitarios estén envejecidos, destruidos, deteriorados. Eso nos ha llevado a una situación muy muy compleja.
La otra, lo que tiene que ver con el incremento de profesores cátedra y profesores ocasionales. Ante la ausencia de recursos para vincular profesores de planta o de carrera que soporten la tarea misional de las universidades, que es la docencia, la investigación y la proyección social, nos ha tocado recurrir a cátedra, a profesores cátedra y a profesores ocasionales.
Queremos que esa tendencia se modifique, y eso implica que tengamos recursos para hacer concursos públicos de méritos que nos permitan vincular a profesores de planta o de carrera para soportar la tarea misional.
Otros factores, como la internacionalización, se ven afectados. Los procesos de acreditación, que son costosos; la acreditación son las condiciones de calidad de las universidades, y la calidad cuesta porque implica tener profesores, tener infraestructura, tener un buen bienestar universitario y una buena política de internacionalización.
Hoy la realidad es totalmente adversa; hoy la realidad es compleja porque la Nación concurre solamente con el 50%. Y ahí la discusión que hemos venido planteando desde el SUE si podemos hablar que en Colombia existe universidad pública.
¿Qué impacto ha tenido esta situación en el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables del país?
La universidad pública no ha podido crecer, digamos, al ritmo que el país demanda o necesita. Colombia hoy tiene una cobertura del 56%. Eso significa que de cada 100 muchachos solamente 56 están en la educación superior, el resto no accede; y eso se profundiza en las regiones donde el Estado ha sido ausente históricamente, donde la presencia del Estado en términos de derechos ha sido muy débil, me refiero al Caribe, al sur del país, al Pacífico, que tienen los más bajos indicadores en cobertura.
Esta situación de desfinanciamiento ha debilitado a la universidad pública en su ampliación de cobertura, en la posibilidad de llegar a los territorios periféricos, marginales, a eso que se define como la Colombia profunda, la Colombia invisible, la Colombia marginal.
A pesar de esas limitaciones de financiamiento, hemos generado la posibilidad de seguir avanzando en la ampliación de cobertura, en que el derecho a la educación superior se amplíe, se democratice, se masifique para los jóvenes en los territorios. La universidad pública le ha respondido al país y a los territorios. Pasar de 150.000 estudiantes a 650.000 es la muestra fehaciente. De las 34 universidades públicas que hay en Colombia, hoy 27 están acreditadas de alta calidad. Todos nuestros procesos de investigación, todas nuestras políticas de regionalización, es decir, a pesar de que el Estado no ha sido recíproco con el esfuerzo que históricamente ha hecho la universidad pública, esta le ha respondido al país, a los jóvenes y a los territorios en términos de un servicio educativo con calidad y permanentemente haciendo esfuerzos para llegar a los territorios periféricos y marginados.
“El Gobierno tiene la voluntad política, pero, en un Estado de Derecho, quien hace la Reforma es el Congreso, y tenemos que entender que es allí donde se tiene que hacer la deliberación pública alrededor de lo que la educación superior pública necesita”: Presidente del SUE.
¿Qué elementos centrales debería tener la reforma a la educación superior en Colombia para fortalecer el sistema de universidades públicas?
La discusión que se ha planteado en Colombia en los últimos dos años es un principio de garantía que no prosperó en el Congreso, se hundió. Una ley estatutaria que establecía un marco general para garantizar la educación como un derecho fundamental de manera progresiva en los próximos 30 años. Desafortunadamente no prosperó.
Nosotros desde el SUE hemos planteado que solamente (se modifiquen) los artículos 86 y 87… de allí la necesidad urgente, imperiosa, ineludible, inmediata de que el proyecto de ley de reforma de los artículos 86 y 87, que permita cambiar el actual modelo de financiación de las universidades públicas, prospere en el Congreso de la República, y que esa reforma pueda ser una realidad para que las universidades públicas cuenten con un nuevo modelo de financiamiento y les permitan su sostenibilidad de aquí en adelante. Eso es lo que hay que cambiar.
¿Está comprometido el actual Gobierno Nacional con la reforma a Ley 30?
El Gobierno ha tenido toda la voluntad política, sin lugar a dudas. Ha colocado este tema en el debate, en el escenario público; es el único gobierno que ha reconocido que, efectivamente, existe un desfinanciamiento estructural. Inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido en materia educativa la reforma de los artículos 86 y 87 para comenzar a saldar la deuda histórica con las universidades.
Desafortunadamente, el gobierno tiene la voluntad política, pero en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra quien hace la Reforma es el Congreso, es otro poder, y allí tenemos que entender que es en el Congreso donde se tiene que hacer la deliberación pública alrededor de lo que la educación superior pública necesita, y lo que hoy estamos exigiendo por parte de ese Congreso es la reforma de estos dos artículos.
¿Qué compromiso ha mostrado el Gobierno Nacional en relación con la crisis financiera de las universidades públicas actual?
A pesar de las variables macroeconómicas que afectan la economía del país sin lugar a dudas y las proyecciones que ha hecho el Gobierno en materia de política social y de educación, este ha mantenido una posición clara de que esta reforma se tramite, avance.
Para nosotros es muy positivo e importante porque es un reconocimiento a un riesgo real, a la necesidad de una transformación. Y eso es lo que nosotros esperamos del Congreso, que tramite; porque de parte del Ministerio Educación Nacional ha existido y existe toda la voluntad de que este proyecto pueda convertirse en una realidad.
