Ante interpretaciones divergentes de este norma, pedirán al Ministerio de Educación una directriz que unifique el proceso de provisión de cargos en el proceso de formalización laboral.
Los jefes de Oficinas Jurídicas de las instituciones de educación superior públicas del país, agrupadas en el Sistema Universitario Estatal – SUE, acordaron solicitar al Ministerio de Educación Nacional expedir una circular que precise cómo deben proveerse los cargos derivados del Decreto 391, que busca la formalización laboral de docentes y administrativos en estas.
Esta fue una de las principales conclusiones que dejó el encuentro de estos funcionarios, quienes durante los pasados miércoles y jueves estuvieron reunidos en la Universidad Surcolombiana.
La comunicación será enviada en nombre de los equipos jurídicos asistentes, precisó el coordinador de los jefes jurídicos ante la Comisión Asesora del SUE, César Augusto Quijano Quiroga.
De esta manera se da respuesta a las diferentes interpretaciones generadas durante el ejercicio de la construcción de los diagnósticos que avanza en las universidades estatales para la implementación de la norma referenciada.
Una de estas son las asumidas por organizaciones sindicales, las cuales han solicitado que la provisión de los cargos que eventualmente se creen para cumplir con el Decreto 391, se haga a través de concursos cerrados.
Sin embargo, Quijano Quiroga precisó que la postura conjunta de las oficinas jurídicas apunta a “la necesidad de adelantar y de proveer estos cargos a través de concursos públicos y abiertos de méritos”.
Los jefes jurídicos también consolidaron conclusiones sobre otros temas que requieren lineamientos comunes, entre ellos, establecer la naturaleza jurídica de la vinculación de docentes bajo la modalidad de catedrático y ocasional.
“Hemos planteado todas las deliberaciones sobre la naturaleza jurídica de estos vínculos, para llegar a considerar que son servidores públicos en lo que tiene que ver con la responsabilidad disciplinaria de aquello y con algunos derechos laborales”, indicó.
En el mismo aspecto, también se llegó a conclusiones importantes en el manejo que se le debe dar en lo que corresponde a investigación y a la sanción de conductas relacionadas con hechos de violencia basada en género.
Sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 para mejorar la financiación de las universidades públicas, otro de los temas analizados en el Encuentro, además de conocer su génesis por parte de su autor, sostuvieron un debate sobre los alcances de la modificación de los artículos 86 y 87 que cursa actualmente ante el Congreso de la República.
Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, Fernando Iglesias, anfitrión del evento, explicó que la agenda permitió revisar todos los asuntos por los que fueron convocadas las dependencias jurídicas de las universidades públicas del país.
“Nos vamos a seguir reuniendo para establecer los lineamientos y cómo venimos operativizando lo que el Ministerio de Educación y la ley viene obligando a las universidades a hacer”, añadió el funcionario.
El rector de la Universidad Surcolombiana, Rubén Darío Valbuena Villarreal, destacó la importancia de este diálogo jurídico entre universidades públicas llevado a cabo en el encuentro, y resaltó el valor del intercambio de criterios frente temas como la vinculación docente.
“Queremos intercambiar experiencias y conceptos para tomar la mejor decisión respecto al manejo de este recurso humano”, finalizó
