Educación: la gran encrucijada

Por: Astrid Flórez Quesada


El triunfo de Gustavo Petro marca un viraje en el poder de decisión del electorado sobre los destinos del país. Los votos que le dieron la diferencia ganadora fueron adjudicados a un millón de jóvenes que salieron a votar, la fuerza de las mujeres y el crecimiento del electorado en el Pacífico y el Suroccidente colombiano .
Los protagonistas de este cambio electoral lo fueron también durante el estallido social del año pasado en el que estuvieron en juego diversas visiones sobre la sociedad, movilizados desde abajo por sectores populares organizados y no organizados, con altas dosis de espontaneísmo y saturación ante la crisis social y económica agravada por la pandemia.


Además, el mapa de electores a favor del proyecto del Pacto Histórico coincidió con los territorios que mayoritariamente le dieron el sí al Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016, pero que fue negado por la mayoría de colombianos por cuenta del entrampamiento de décadas de violencia y manipulaciones mediáticas.


Con Petro en la silla presidencial, los vientos de cambio han revelado el duro rechazo de los grupos de poder a una transformación parcial o sustancial de la desigualdad o del modelo económico porque -según argumentan- las decisiones tomadas favorecen el desarrollo vía crecimiento económico, único camino para contar con los recursos suficientes que permiten distribuir la riqueza.


Lo que tenemos en juego es la reconstrucción de la bitácora (la Constitución) de un gran buque, sin capitán durante los últimos cuatro años, pero que ha sido comandado por los turistas de primera clase. Algunos pensarían que si una parte de la tripulación y los pasajeros deciden tomar de nuevo el control del barco, es preciso cuidarse de los amotinamientos, las vías de hecho o de los timonazos bruscos que pudieran reducir antes que mejorar las probabilidades de llegar a buen puerto.


Un eje crucial de la reconstrucción del rumbo es la educación. Si partimos de tres de los ejes centrales discutidos por los movimientos sociales, el gobierno de Petro tendrá que avanzar en resolver de manera concreta la dualidad consagrada en la Constitución Nacional que concibe la educación como un derecho y como un servicio. Esta dualidad se expresa en la materialización de los derechos y la evaluación de las políticas públicas para tal fin, que pueden estar ajustados al modelo de las 4 A: asequibilidad (disponibilidad), accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Lo fundamental se halla en si cada una de estas aristas se sigue leyendo en clave de fortalecer el mercado desregulado o la materialización de proyectos educativos alternativos en clave de participación decisoria de las comunidades desde sus territorios.


El segundo eje se refiere a la financiación de la educación, debate que se ha centrado en la reforma a la ley 30, el subsidio a la demanda y el manejo crediticio por medio del Icetex para garantizar accesibilidad al sistema. Si bien el gobierno Duque como respuesta al estallido social pretendió desmovilizar buena parte de las demandas de la juventud estableciendo una medida de gratuidad en las matrículas universitarias, dejó de lado apuestas claras para subsanar la desfinanciación estratégica del sistema público. La gratuidad de la educación pública es un campo mucho más amplio que los programas de matrícula cero en el que el Gobierno Petro deberá demostrar el cambio real en la orientación de las líneas crediticias institucionales y en romper la creencia generalizada de que para obtener educación de calidad se debe pagar un alto precio.


Ante la gravedad de la crisis del sistema educativo, Petro ha reiterado la necesidad de contar con educación superior pública, gratuita y universal. En febrero de 2018 propuso elevar el presupuesto de 3.6 a 14 billones en cinco años. Su programa de gobierno actual supedita la financiación al logro de una reforma tributaria, en medio de un proceso de construcción de mayorías en el Congreso, que todavía está por demostrar su eficacia para darle luz verde a las transformaciones planteadas para el “cambio histórico”.


El tercer eje se refiere a la democratización de la educación, discusión que hoy atraviesa dos procesos claves: el primero, el acceso efectivo de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, mejorar las tasas de graduación y de inserción laboral en un mercado cambiante, desindustrializado y orientado a la venta de servicios. El segundo tiene que ver con las estructuras de gobierno universitario en donde el control gubernamental de los consejos superiores universitarios ha estado dominado por el neoliberalismo y las tecnocracias antes que por las propuestas y realidades de las y los jóvenes y sus comunidades. En estas instancias, tanto las élites nacionales como regionales han desconocido los saberes de las comunidades educativas, los aprendizajes de las transformaciones sociales luego de la firma del Acuerdo de Paz y anclado sus redes clientelares. En este marco, el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal representaría un cambio importante en el enfoque.


A modo de cierre, un cuarto eje será el de la calidad de la educación en su apuesta por construir una sociedad del conocimiento. Siempre que siga orientado hacia el desarrollo pleno de las fuerzas productivas desde la perspectiva del avance del capitalismo, como lo señaló Petro en su discurso público la noche de elecciones, el modelo seguirá girando en torno al neoliberalismo. Distanciarse de esta senda será el gran reto. ¡Gobernará y veremos!

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